El documento secreto de HB a los partidos exige la
autodeterminación y observadores
La propuesta de mínimos de los proetarras para la «mesa»
incluye a Navarra e impide el veto de los socialistas
LA RAZÓN. Jueves, 7.09.2006. J. M. Zuloaga / R. L. Vargas. Madrid-
La petición de Batasuna, expresada ayer [miércoles, 6.09.2006]
por su portavoz, Arnaldo Otegi, para lograr un «preacuerdo y
constituir ya la mesa de partidos», contiene una serie de
condiciones previas no reveladas y plasmadas en un documento que
la coalición proetarra ha hecho llegar, con carácter secreto, a
todos los partidos políticos del País Vasco y Navarra, con
excepción de Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y
Convergencia de Democrátas de Navarra (CDN).
El documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN,
contiene los «mínimos» que Batasuna plantea para iniciar el
«diálogo político». El principio de autodeterminación, una
única «mesa» que incluya a Navarra y la presencia de
observadores internacionales figuran entre dichas exigencias.
El documento está dividido en cinco apartados.
En la «introducción» se plantea que es necesario que se
constate «la existencia de un conflicto», el «carácter
político del mismo», su «naturaleza histórica» y que se
defina a «Euskal Herria como ámbito geográfico del conflicto».
Es decir, que la actividad terrorista que ha desarrollado ETA
tiene una naturaleza política y no criminal.
Compromisos
El «diálogo», según el documento,
«comparte principios y compromisos». Entre los primeros, el
derecho de autodeterminación, que se ejercerá «mediante la
fórmula que acuerden los agentes políticos vascos» y que, por
supuesto, deberá ser respetada. También el de «no exclusión
en el diálogo resolutivo» y que se aborden «todas las raíces
del conflicto para buscar su superación de manera acordada y
democrática».
Entre los compromisos, la «utilización de
vías pacíficas y democráticas (...) durante el proceso de
diálogo resolutivo» (no se habla de la disolución de ETA) y
que los «acuerdos deberán contar necesariamente con la
adhesión y el respeto de las diferentes tradiciones políticas
que integran el pluralismo vasco» (más adelante, se matiza tan
democrática intención). Asimismo, que los que se alcancen
tengan en cuenta «tanto la pluralidad como la historia de Euskal
Herria».
En el tercer punto, sobre el «objetivo del
diálogo», se insiste tratar de «establecer las condiciones en
las que el pueblo vasco ejercerá el derecho de libre
determinación» y acordar «las condiciones para dicho
ejercicio». Los proetarras señalan que hay que «construir un
escenario democrático que garantice de manera efectiva el
respeto de todos los derechos de todas las personas en toda
Euskal Herria».
El cuarto punto es el de la «mesa de diálogo
resolutivo», cuya constitución urge ahora Batasuna, veinte
días después del comunicado de ETA en el que lanzaban amenazas
contra el Gobierno, el PSOE y el PNV si no cumplían una serie de
condiciones. «La mesa -dice- tendrá como núcleo central a los
partidos políticos con funcionamiento estable en todos o algunos
de los territorios de Euskal Herria» y será única para lo que
los proetarras consideran Euskal Herria; es decir, incluyen
Navarra y territorios del sur de Francia.
Representación
Batasuna, que está ilegalizada y no cuenta con
representación en las instituciones parlamentarias y municipales,
exige que para la constitución de la «mesa» se tenga en cuenta
la representación «real» de los partidos y «ponderada». «Se
deben -agrega- establecer las garantías acordadas para la
participación de las organizaciones sociales y sindicales de
Euskal Herria en el proceso de diálogo resolutivo».
Especial importancia tiene el apartado relativo
a la «toma de decisiones», que se adoptarán bajo el criterio
general de mayorías “suficientes”». En lo que parece
una concesión a los socialistas vascos, se dice que «estas
mayorías no se podrán fijar si no participan de ellas las dos
sensibilidades o tradiciones políticas existentes en el diálogo
resolutivo».
Pero, a continuación, Batasuna matiza que
«esta condición no podrá ser ejercitada como un instrumento
permanente para el bloqueo o el veto de posibles acuerdos». Es
decir, que si un partido se obstina en oponerse a un acuerdo, al
final no se le hará caso. Todo este proceso concluye en una
«consulta popular» para que «la ciudadanía de Euskal Herria
ratifique o rectifique» los acuerdos, que «deberán ser
defendidos por quienes los suscriban».
El documento hace referencia a que los
compromisos que se puedan alcanzar en la «mesa» «deberán ser
negociados con el/los Estados» (España y Francia) y que para
estas conversaciones «se procederá a acordar la interlocución
nacional necesaria entre los partidos que suscriban el acuerdo
para abordar el proceso de negociación con el Estado». Esta
«negociación, según ha explicado Batasuna en repetidas
ocasiones, y comparten partidos nacionalistas, debe de ser sobre
la forma de aplicar los acuerdos no sobre el contenido, que no
puede ser modificado.
«Internacionalización»
Finalmente, el punto quinto, que
«internacionaliza» el «conflicto», señala que «el
«diálogo político resolutivo contará con la presencia de
organismos o personaliades de carácter internacional» y que
«esta presencia garantizará tanto en términos técnicos como
políticos el desarrollo del proceso».
Fuentes antiterroristas consultadas por LA
RAZÓN subrayan que este documento es una prueba más de que el
llamado «proceso de paz» o de «fin del terrorismo» es en
realidad un proceso de consecución de objetivos.